Panamá. Ampliación del Canal, secretos y verdades. Parte I

Por Abdel Fuentes.   Cita Textual

Desde sus inicios el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, presentado durante la administración del hijo del general Omar Torrijos Herrera -el expresidente Martín Torrijos-, ha estado plagado de secretos, irregularidades, medias verdades, especulaciones e intoxicación y saturación mediática. El Centro de Estudios Estratégicos de Panamá (CEE-Panamá), -una asociación sin fines de lucro, integrada por académicos y profesionales de diversas disciplinas- en un estudio publicado en agosto de 2012, titulado “La verdad sobre la ampliación del Canal de Panamá”, revela que la propuesta de ampliación fue presentada sin diseños ni planos finales y que la propia cúpula de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) admitió que necesitaba dos o tres años para concluir los estudios.

Desde la presentación y sustentación del proyecto, el tema de los sobrecostos, común en todo megaproyecto -con sus abusos y excesos-, fue minimizado por directivos de la ACP. Su administración insiste en que el costo total de la obra es 5,250 millones y que el presupuesto contempla los sobrecostos. Hoy ese tema es motivo de atención mundial sobre un conflicto sin precedentes para la República de Panamá. Para el 2012 ya el consorcio internacional Grupo Unidos por el Canal (GUPC), particularmente dos de sus integrantes, la empresa Sacyr-Valle hermoso y la Constructora Urbana S.A. (CUSA) -de la familia Alemán Zubieta- reclamaba a su administrador, Alberto Alemán Zubieta, la suma de 573 millones de dólares por incumplimiento de contratos. Alberto Alemán Zubieta, antes de ser administrador del Canal de Panamá, fue presidente de CUSA.

Ese hecho despertó la denuncia e indignación de unos pocos y la defensa de muchos otros, incluyendo el apoyo total de la partidocracia del país. El miércoles 5 de febrero de 2014, GUPC paralizó por completo los trabajos del tercer juego de esclusas tanto en el Pacífico como en el Atlántico, cumpliendo así con sus amenazas formuladas en enero de este año. Las primeras alarmas ocurrieron a fines del 2103. El consorcio empresarial GUPC, que lo conforman la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, exige que la ACP le reconozca 1,600 millones de dólares por sobrecostos y arguye falta de liquidez.

El profesor danés Bent Flyvbjerg, premio Nobel de Economía, en su obra “Megaproyectos y Riesgo: Anatomía de la Ambición”, menciona, entre varios aspectos, que los planificadores y promotores lo ven todo a través de un vidrio rosado y que no aceptan las advertencias. Flyvbjerg señala que en los mega proyectos algunos se enriquecen y sostiene que nueve de cada diez proyectos terminan costando mucho más de lo estimado y que los ingresos y beneficios son mucho menores y menos tangibles. El docente, planificador urbano y geógrafo, quien ha estudiado 258 proyectos en 20 naciones de los 5 continentes, comenta que el 90% de esas obras aumentó el precio inicial por el cual fueron adjudicadas. Una mirada por el mundo corrobora lo que la ACP pretende obviar. La Gran excavación de Boston -el soterramiento de la autopista que pasaba por la ciudad- fue presupuestado en 2, 500 millones de dólares, pero el costo final ascendió a 14 mil 600 millones. Inició en 1991 y concluyó en el 2007. La construcción duró 16 años, aunque se estimó finalizarla en 3.La estimación de costo del Túnel del Canal en Europa, el eurotúnel que une los 50 kilómetros que separan a Gran Bretaña de Francia, 39 de ellos bajo agua y que además permite el tránsito ferroviario, fue de 6 mil millones de euros y el costo final alcanzó los 11 mil 500 millones de euros. El precio por la construcción de las infraestructuras de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se presupuestó en 4 mil 300 millones de libras, finalmente costó 16 mil 600 millones.

El CEE-Panamá asegura que a inicios de siglo, la ACP empezó a engrosar reservas ilegales de dinero con el fin de disminuir falsamente los verdaderos costos del tercer juego de esclusas. En el año fiscal 2004, el fondo de reservas ilegales ascendió a 341 millones. Para ese período reservaron 101 millones, mientras que en el 2005 retuvieron al Tesoro Nacional, 147 millones. Es decir, antes del referéndum para decidir la aprobación o rechazo del proyecto, el dinero retenido totalizaba 591 mil 325 millones. Pese a que sus directivos negaron las referidas retenciones, el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), publicó las 89 actas de la Junta Directiva de la ACP, fechadas desde diciembre de 1999 hasta mayo del 2006. Los documentos demuestran la responsabilidad de los directores de esa entidad y el hecho de que las reservas ilegales sí existieron. Otra de las irregularidades en la sustentación del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, calificadas como mentiras por activistas del Centro de Estudios Estratégicos de Panamá, es el supuesto paso obligado de los buques portacontenedores Post Panamax.

En el Tsunami mediático sobre el tránsito de las gigantescas naves, no se menciona que antes de ser construidas ya se había predeterminado sus rutas y que ninguna de esas embarcaciones se fabricó ni se construye con el propósito de transitar el Canal de Panamá. La explicación es simple, ningún armador o naviero invierte un par de centenares de millones de dólares para construir un barco que quizá o, tal vez, pueda transitar dicha vía en 8 ó 10 años. Tampoco se dice que por el Canal transita alrededor del 4% de toda la carga marítima mundial y que ese porcentaje no variará sustancialmente por el tercer juego de esclusas. La demanda para el uso del Canal de Panamá no lo determina el tamaño del buque, sino la necesidad de ahorrar tiempo y costos que les permite la vía.

En abril del 2012, Alberto Alemán Zubieta, ex administrador de la ACP, en una reunión privada dijo: “Ojalá se pudiese terminar la obra antes que culmine el 2016 y ojalá llegaran a pasar dos buques Postpanamax y no seis”.

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