Panamá. Ampliación del Canal, secretos y verdades. Parte II

Por Abdel Fuentes.  Cita Textual  (Continuación)

 El Canal actual permite el tránsito de más del 90% de toda la flota mercante mundial. Esa flota está compuesta por buques portacontenedores de 3 mil unidades, buques Panamax. Los Sub-Panamax de 2000 a 3000 Teus, los Handy de 1000 a 2000 Teus, los Feedermax y los Feeder son los buques que más se estaban construyendo en el 2006 -cuando se presentó la propuesta- y que más se continúan construyendo en todos los astilleros del mundo. Contrario a esto, el tránsito de buques Post Panamax no llega a la mitad del tránsito anual de la vía interoceánica. Aunque en el 2006 las encuestadoras Dichter & Neira y CID- Gallup, anunciaban que cerca del 60% de la población daría su aprobación al referéndum, el abstencionismo rondó el 60%. El elector tenía dos alternativas: Sí o No, y solo una pregunta; ¿aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá?

Dos años antes, en julio de 2004, la partidocracia nacional modificó la Constitución para precisar un referéndum que autorizara a la ACP, emprender la ampliación del Canal. Para esos días, el primer administrador, Fernando Manfredo Jr., con 11 años de experiencia en la administración de la vía acuática, se refirió al asunto en un artículo publicado en El Panamá América. Antes de ello, puso en contexto las intenciones de los estadounidenses en ampliar la vía desde inicios de 1929; los trabajos en la construcción de un tercer juego de esclusas, emprendidos desde el 1 de julio de 1940; la suspensión de dichas excavaciones debido a la Segunda Guerra Mundial y los posteriores estudios autorizados por EE.UU para determinar la viabilidad de la ampliación, incluyendo la conformación en 1985 de la Comisión de Estudios de Alternativas al Canal, integrada por Panamá, Estados Unidos y Japón. El 20 de septiembre de 1993, la Comisión tripartita dio a conocer su recomendación, construir un tercer juego de esclusas. El Congreso estadounidense rechazó la propuesta por consideraciones de costos. En el estudio de 1993 el monto total se estimó en 6 mil 966 millones de dólares, mientras que más de 10 años después los cálculos de la ACP se calculan en 5,250 millones.

En un informe sobre la construcción del tercer juego de esclusas, Manfredo anota que durante casi 10 años la antigua Comisión del Canal de Panamá (CCP) bajo el gobierno de EU y la ACP, mantuvieron un profundo hermetismo. Los estudios entregados por Panamá, EU y Japón en 1993, junto a los que la ACP presentó al expresidente Martín Torrijos en el 2006, fueron analizados por Manfredo, el expresidente Jorge Illueca y otros profesionales versados en el tema. Entre las conclusiones resaltan que nadie podía garantizar que con el tercer juego de esclusas transitarían por el Canal 1,250 millones de toneladas adicionales durante sus primeros 11 años y que ello haría lograr recaudar ingresos superiores a los 6 mil millones por año en el 2025, como se afirmaba en la propuesta. Manfredo agrega que el propio documento de la ACP advierte que el Canal de Panamá enfrenta la competencia del Canal de Suez y el sistema Multimodal de EU, lo que implica que Panamá no está frente a una situación monopolística ni de demanda garantizada. En su informe, el primer administrador de la vía interoceánica, insiste en que los documentos presentados por la ACP, omiten algunos costos, como el de los sistemas de navegación, rubro que sí aparece en los estudios de 1993. Otros documentos y fuentes consultadas por Manfredo, demostraron que existía información sustancial que fue ocultada al país y confirma que los costos de la ampliación son mayores del sostenido por la ACP.

Fernando Manfredo, citando palabras de Enrique Illueca, hijo del ex mandatario, apunta: “Solo 8 estudios, de los 140 que existen, están relacionados con costos y no aparecen estar interrelacionados. A estos se le debe someter a una detallada evaluación”.Manfredo y los otros peritos que analizaron la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas de 1993 y el planteamiento de la ACP, tomando como referencia los costos que fueron omitidos por la administración del Canal -equipo flotante, financiamiento, reservas de contingencias, ajuste de inflación-, formula una cifra del costo total aproximado de la ampliación; 7 mil 536 millones de dólares. La diferencia sobre los 5,250 millones es de 2 mil 286 millones.

Respecto a la modificación del artículo 319 de la Constitución, hoy artículo 325, Manfredo explica que la reforma trasladaba los poderes del Ejecutivo a la ACP limitando injerencias en ese órgano del estado y en el legislativo. Las desoídas advertencias en torno a los peligros sobre la citada reforma constitucional, formuladas por el finado expresidente y ex negociador de los Tratados Torrijos-Carter, Jorge Illueca; el difunto constitucionalista Humberto Ricord y el referido primer Administrador del Canal, son consecuencias de lo que ocurre hoy. La ACP ha estado en libertad de gastar cuantiosas cifras millonarias y autorizar los trabajos preliminares al proyecto. De acuerdo a la publicación de Manfredo, en tres variables puntuales centraron estos verdaderos patriotas sus recomendaciones a los legisladores de la época; (1) conservar el artículo 319 en su expresión original; (2) mantener intacta la autoridad del Ejecutivo y el Legislativo; (3) confeccionar y aprobar una ley reglamentando el referendo, para que el proceso fuese una genuina consulta popular y no una mera formalidad, donde el pueblo llegara a las urnas con suficientes elementos de juicio.El 28 de junio del 2004, Illueca publicó un artículo en El Panamá América titulado: “No a la reforma del artículo 319 de la Constitución”. En el texto, el ex negociador del tratado canalero, cita al constitucionalista Humberto Ricord, quien se preguntó; “¿por qué ese cambio extraño de adscribir a la ACP el cometido de proponente de cualquier proyecto de construcción de un nuevo Canal o de un tercer juego de esclusas, ya sea por administración o mediante contratos celebrados, cuando constitucionalmente la dueña del Canal es la República de Panamá, y la ACP solo es administradora?” Para Ricord la reforma excedía a la ACP como administradora del Canal de Panamá del marco de sus funciones constitucionales. A casi un mes de la apertura de sobres, el presidente de la italiana Impregilo S.p.A, Massimo Ponzellini, reveló al periodista de la agencia británica, Reuters, Danilo Masoni que el consorcio GUPC, había obtenido las mejores notas en la evaluación técnica de ofertas. El ejecutivo quiso retractarse aduciendo que había sido mal interpretado y que al haber llegado a la etapa de la preselección estaba entre los mejores.

El presidente de CUSA, Rogelio Alemán Zubieta, hermano de Alberto Alemán Zubieta, este último, administrador de la ACP para ese entonces, dijo a La Prensa: “Somos familia, pero aquí no hubo ningún tipo de soplo, de información o de beneficio”. Rogelio reemplazó a su hermano, como Presidente de CUSA.

Ninguno de los candidatos a la Presidencia por la partidocracia para las elecciones generales del domingo 4 de mayo del 2014 se ha referido a la urgencia de abrir un debate y consulta nacional para regresarle al país el poder sobre el Canal, por ser la República de Panamá la propietaria de esa vía y no la omnipotente Autoridad del Canal de Panamá, de la que en más de una ocasión ha sido calificada como un Estado dentro de otro Estado.

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