Costa Rica y el narcotráfico.

Costa Rica tiene los mejores índices económicos y sociales de Centroamérica: esperanza de vida de 79,4 años; ingreso per cápita de US$10.863 y un promedio de homicidios de sólo 8,9 por cada 100.000 habitantes (el de Honduras es diez veces mayor).

Pero enfrenta un serio un serio problema: el narcotráfico está tratando de penetrar con fuerza su territorio.

En un foro del centro de estudios Woodrow Wilson en Washington, el fiscal especial para el narcotráfico en Costa Rica, Walter Espinoza, reveló que Costa Rica se estaba convirtiendo en base de operaciones de capos del narcotráfico. “Nos estamos llenando de miembros de organizaciones mexicanas y miembros de organizaciones colombianas”, aseveró.

Dos meses después de su declaración al Wall Street Journal, la presidenta de Costa Rica experimentó en carne propia cuánto había penetrado el narco en su país: tuvo que salir en cadena nacional a defenderse de la acusación de que, al menos en dos ocasiones, utilizó un avión de propiedad de un capo de las droga para hacer visitas de Estado al extranjero. Varias cabezas rodaron por ese escándalo, entre ellas las del ministro de Comunicación, el viceministro de la Presidencia, el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y la asistente personal de la presidenta.

 Hace pocos días, la justicia estadounidense aseguró que la mayor operación de lavado de dinero de la historia la realizaba, desde Costa Rica, la empresa Liberty Reserve, propiedad de un ucraniano nacionalizado costarricense.

De acuerdo con la organización Global Financial Integrity, el flujo de dinero ilícito en Costa Rica en la primera década del siglo XXI fue de US$64.000 millones, más del 10% del PIB de ese país.

Un informe de Departamento de Estado de EE.UU  indica que la fuente más importante de los activos que se lavan en Costa Rica provienen de las ganancias del narcotráfico y las apuestas por internet.

“El informe estadounidense también identificó otros delitos que alimentan el blanqueo de divisas en el país, como el tráfico de otras drogas, fraudes financieros, tráfico de personas, corrupción y contrabando”.

También se menciona el contrabando de dólares a través de las fronteras con Panamá y Nicaragua.

Está también el caso del hombre acusado del asesinato, en Guatemala, del cantante argentino Facundo Cabral. Se trata del costarricense Alejandro José Jiménez González, alias “El Palidejo”, señalado de ser un enlace entre el cartel de Sinaloa y la agrupación criminal colombiana “Los Rastrojos”. Diversos medios han informado que Jiménez González quería dar muerte al empresario nicaragüense Enrique Fariñas, quien había contratado al artista argentino. Fariñas resultó herido en el ataque. Cabral, como sabemos, murió.

En diciembre de 2011, el analista de seguridad Michael Porth indica que esta situación se presenta desde principios de la década de los 80. “Sin embargo, informaciones recientes y reportes de inteligencia muestran que ,en los últimos años, el crimen transnacional) está evolucionando en el país y volviéndose más sofisticado”. El primer gran salto se presentó en 1986. Ese año, las autoridades advirtieron un aumento sin precedentes en los decomisos de droga: de 30 a 40 kilos anuales se pasó a 600. Desde entonces, a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos costarricenses, el problema ha aumentado.

Costa Rica ha ganado creciente importancia como un punto de transbordo de droga.  El principal punto de transbordo es la provincia Limón, una zona de Parque Nacional llena de canales, situada sobre el Mar Caribe, en la frontera con Nicaragua. Sin embargo también hay trasiego por el Pacífico.

Pero hay un nuevo fenómeno: además de punto de transbordo, Costa Rica se ha venido convirtiendo en un punto de almacenamiento de droga. Cargamentos de cocaína producidos en Colombia y trasladados a Costa Rica por tierra, aire y mar, vía Panamá, fueron reenviados desde suelo costarricense a 39 destinos de América, Europa, Asia, África y Oceanía, cita un documento de la Policía de Control de Drogas de Costa Rica.

Carlos Arguedas, un veterano periodista del periódico costarricense La Nación, durante los últimos catorce años  ha seguido el hilo al trasegar de los carteles de la droga por su país.

“Hay mucho depósito. Se supone que esas lanchas rápidas vienen, descargan y esa cocaína no la sacan de inmediato sino que la dejan ahí guardada, qué se yo, unos ocho días, mientras ‘se enfría la cosa’, como lo llaman ellos. Y después la sacan en cantidades más bajas, usualmente cien kilos”.

También ha visto que  ha aumentado el número de capos mexicanos, o altos mandos de los carteles como el de Sinaloa, que se han ido a vivir a Costa Rica para operar desde allí.

Tanto Michael Porth como Carlos Arguedas coinciden en que el hecho de que Costa Rica no tenga ejército no ha incidido en hacerla más vulnerable.

“Este esfuerzo se ha enfocado, principalmente, en la expedición de leyes, en la expansión de la capacidad y los recursos de la policía y en combatir el consumo de drogas”.

La presidenta Laura Chinchilla ha aumentado la fuerza policial en 800 agentes. Agencias de prensa han informado que, sólo en 2012, el gobierno de Estados Unidos gastó más de US$18 millones en ayuda de seguridad para Costa Rica.

En el foro en el centro de estudios Woodrow Wilson, el fiscal Walter Espinoza reconoció que se están presentando actos de violencia que no tenían precedentes en su país. Además ha aumentado el consumo interno de drogas, en especial en las zonas de más tráfico, donde se intercambia combustible por droga.

Inevitablemente, señala Carlos Arguedas, algunos costarricenses están escalando en carteles y llegando a ser mandos medios, aunque ninguno es aún capo de gran nivel.

Como lo saben países como Colombia y México, el precio a pagar no sólo se mide en número de muertes o en toneladas de cocaína. Se mide además en profundas, a veces irreparables, rasgaduras al tejido social.

BBC Mundo- Internacional

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